Unos 40 expresos políticos nicaragüenses, expulsados por el gobierno de Daniel Ortega a Guatemala hace cinco meses, quedaron en desamparo al vencer la ayuda humanitaria de la ONU y ser rechazadas sus peticiones de refugio por Estados Unidos, denunciaron uno de los líderes del grupo.
«Hoy 31 de enero los que fuimos desterrados por la dictadura sandinista nos vemos obligados a abandonar los hoteles porque se cancelaron las ayudas humanitarias», afirmó Pedro Gutiérrez, uno de los 135 opositores expulsados por el gobierno de Nicaragua a Guatemala.
De ese total, la mayoría recibió refugio en Estados Unidos, mientras que 42 quedaron en el limbo al ser «denegadas» sus peticiones por Washington y ahora buscan que España o Canadá les abran las puertas, explicó a la AFP.
La estancia en los hoteles de la capital guatemalteca era parte del programa de apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mientras realizaban sus procesos para viajar a otro país, principalmente a Estados Unidos, indicó Gutiérrez.
«Es un momento de sentimientos encontrados porque recordamos que cuando salimos de Nicaragua veníamos con la ilusión y con la esperanza de tratar de rehacer nuestras vidas», declaró Gutiérrez, que utilizó una prótesis en la pierna derecha y estuvo preso cuatro veces en su país.
«Habíamos salido de las garras de la dictadura sandinista y nos esperaba una nueva vida, una nueva etapa; sin embargo, no fue así. Agradecemos que estamos en libertad, pero seguimos atravesando otra odisea, seguimos viéndonos en dificultades», lamentó.
Asimismo, comentó que solicitarán refugio al gobierno guatemalteco y pidió apoyo a entidades humanitarias para «cubrir los gastos básicos como alimentación, hotel y medicina».
Pocos días después de haber sido liberados en Guatemala, el gobierno nicaragüense les despojó de la ciudadanía.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Su gobierno soportó la represión contra las voces críticas tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Miles partieron al exilio y más de 400 han sido expulsados y despojados de su nacionalidad.
