Chile promulgó el jueves una esperada reforma al sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaba en manos de los trabajadores la responsabilidad exclusiva de financiar sus jubilaciones.
La reforma es uno de los mayores triunfos políticos del gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que inicia su último año de mandato.
Fue posible después de más de una década de fallidos intentos por modificar el modelo instalado en 1981, y responder a la demanda de los chilenos que por años protestaron contra un sistema que apenas garantizaba pensión mínima.
«Costó muchísimo. Durante 10 años diferentes gobiernos estuvieron tramitando diferentes proyectos para tratar de aumentar las pensiones, pero no hubo acuerdo», dijo Boric, en la ceremonia de promulgación de la ley.
Después de pactar con parte de la derecha opositora, el proyecto logró ser aprobado en el Congreso el 30 de enero.
La reforma considera la transformación gradual del sistema privado de pensiones a un régimen mixto, con el aporte de los trabajadores y la instauración de un seguro estatal.
«Esta reforma (…) va a permitir el mayor aumento de las pensiones en las últimas décadas», aseguró Boric, cuyo gobierno estima que bajo el nuevo modelo el monto de las jubilaciones subirá entre 14% y 35%.
Hasta ahora, las Administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP) recibían e invertían en distintos portafolios de negocios el aporte de los trabajadores, equivalente al 10% del salario mensual. El empleado quedó excluido de esta ecuación.
Pero el monto de las pensiones que entregaban era cada vez menor.
De los 600.000 jubilados adscritos a las AFP -las Fuerzas Armadas tienen su sistema propio- la mitad recibe hoy el equivalente a unos 350 dólares al mes, por debajo del salario mínimo de 500 dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
La reforma establece ahora que las empresas aporten el 8,5% del salario del trabajador al fondo de jubilaciones y se mantiene el 10% que debe entregar el asalariado.
La reforma comenzará a ser implementada en septiembre próximo, y se espera que rija plenamente hacia 2035.
