La ministra belga para las Pequeñas y Medias Empresas (PYMES) y Empleo, Eléonore Simonet, lanzó este lunes una propuesta para que traficantes de droga paguen aportes aportes sociales como autónomos.
«Con este abordaje, golpearemos a los criminales donde más les duele: la billetera», señaló la ministra belga en un comunicado. La propuesta está incluida en un «plan para las PYMES» en preparación.
La idea es que, ante una infracción penal o un fallo condenatorio, el órgano responsable (Instituto Nacional para la Seguridad Social de Trabajadores Independientes, INASTI en francés) proceda con el registro automático de un traficante de droga.
Así, el Inasti exigiría los aportes sociales o demandaría el bloqueo de derechos (como seguro desempleo, becas de estudio o ayudas para alquilar) de las personas implicadas.
De acuerdo con Simonet, se necesitan «consecuencias financieras concretas para las personas que ejerzan actividades ilegales».
El equipo de la ministra informó que aún es necesario examinar cómo organizar la transmisión de informaciones entre la policía y el Poder Judicial al Inasti, además de revisar el plan desde el punto de vista legal.
Una portavoz de la oficina de Simonet dijo a AFP que el objetivo de la propuesta es «luchar contra la impunidad obligando a los delincuentes a pagar contribuciones sociales, y no legitimar sus actividades».
