La Casa Blanca denunció el miércoles una petición realizada por legisladores demócratas a los militares y agentes de inteligencia estadounidenses para que se nieguen a acatar «órdenes ilegales» del gobierno de Donald Trump.
En un vídeo publicado el martes en X, seis demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, afirman que «esta administración está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses».
«En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país», aseguran los demócratas, entre los que se encuentran el senador Mark Kelly, antiguo miembro de la Marina estadounidense y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, que sirvió para la CIA en Irak.
«Pueden desobedecer las órdenes ilegales», exhortan.
«Altos dirigentes demócratas hacen un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares a rebelarse contra su comandante en jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata», publicó en X Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió también en X a la petición de los demócratas, a los que acusó de padecer «síndrome de trastorno por Trump», un término usado por los republicanos para referirse a sus oponentes en tono de burla.
Los legisladores opositores no especificaron a qué ordenes se referían. Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país.
Dentro de Estados Unidos, Trump ordenó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades del país, todas gobernadas por los demócratas, en un intento por controlar supuestos disturbios generalizados.
En el extranjero, desplegó un operativo contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Los expertos afirman que los ataques, en los que han muerto más de 80 personas, son ilegales y equivalen a ejecuciones extrajudiciales.
