Ministros acordaron en Chile una estrategia regional para combatir el flagelo.
Ministros de cinco países sudamericanos acordaron ayer en Chile crear un plan para frenar el avance del crimen organizado internacional, que incluirá medidas de control migratorio y financiero.
El encuentro reunió a cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, países afectados por el aumento de la inseguridad y la expansión de bandas criminales como Tren de Aragua.
«Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarles seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas», aseguró el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.
El caso más crítico es el de Ecuador, que en apenas cinco años se convirtió en el país más violento de Sudamérica, con 51 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento del 550 % en ese periodo.
La tasa de homicidios en América Latina es de 18 por cada 100,000 habitantes —tres veces la media mundial de 5.6— y la mitad de esos crímenes están vinculados al crimen organizado, afirmó el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia.
Los ministros acordaron crear un grupo de trabajo para definir medidas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, así como control migratorio y fronterizo.
«Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la OEA», agregó Pérez Mackenna, al explicar que buscan incorporar a más países a la estrategia regional.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, quien llegó al poder con la promesa de combatir la delincuencia.
Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, los homicidios y secuestros aumentaron con la llegada del Tren de Aragua.
La tasa de homicidios en Chile alcanzó 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, el doble que hace una década, un incremento que ha impactado en la percepción de inseguridad de la población.
Antes de asumir la presidencia, Kast recorrió varios países de América Latina para promover una coordinación regional contra el crimen organizado. El grupo de trabajo volverá a reunirse dentro de seis meses en Argentina.
