Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a comienzos de la semana para exigir al gobierno la anulación de una ley que consideran lesiva para sus territorios ancestrales. La nueva normativa sería contraria a la Constitución y benéfica para los grandes propietarios, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero.
Transportistas paralizaron la víspera el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles. El lunes, además, después de 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, manifestantes —en su gran mayoría indígenas amazónicos— llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. La normativa, según denuncian, afecta sus territorios ancestrales, favorece a los grandes propietarios y abre la puerta a la expansión y la concentración de la tierra.
«Es una ley inconstitucional porque colisiona frontalmente con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. Si analizamos la situación en Bolivia, el gobierno es tan débil que no puede plantearse un proceso de reforma parcial de la Constitución. Si bien el Gobierno es, digamos, la expresión de la clase dominante, no tiene la suficiente legitimidad para encarar un proceso de reforma parcial. Por lo tanto, lo que ha hecho es emprender un proceso para sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley».
Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley.
«Durante el proceso de saneamiento, una cantidad de grandes propietarios utilizó el proceso de regularización de derechos propietarios implementado en el país para subdividir sus propiedades y, de este modo, camuflarse como pequeños propietarios. Al hacerlo, han evitado una serie de pagos que debían realizar como grandes propietarios: el costo del saneamiento, las tasas, el pago de impuestos, etc. Lo que están haciendo ahora es intentar blanquear y transparentar esta situación, pero de una manera que los libera de los compromisos y obligaciones que tienen como grandes propietarios. Estamos hablando de parcelas de 200 o 300 hectáreas en las que se cultiva soya y cuyos terrenos pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios pretenden que no se verifique la función económico-social en estas propiedades. Esto es, claramente, una cuestión de desigualdad, inequidad e injusticia en la cuestión agraria», concluye.
Esta protesta campesina se suma a otras contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon este martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.
