La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió el miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista «es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia» y que «se demostró la absoluta falta de pruebas».
Por tanto, «exigen la absolución de Jair Messias Bolsonaro de todas las acusaciones».
Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula.
El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, enfrenta acusaciones que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por incumplir una prohibición de usar redes sociales ligada a su juicio. Además, desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica y tiene prohibido expresarse en redes sociales.
– «No hay manera de condenarlo» –
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una organización criminal que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó de forma sistemática para incitar la insurrección tras su derrota electoral.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema.
Pero la defensa subrayó que «no hay manera de condenar» a Bolsonaro «con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición» de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación.
La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
La situación judicial del expresidente está en el centro de un conflicto diplomático entre Brasil y Estados Unidos.
El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños, bajo el argumento de que existe una «caza de brujas» contra el exmandatario.
