Tabla de contenidos
El desahucio de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años en silla de ruedas, conmocionó a España el 23 de septiembre de 2026 tras ser obligada a abandonar el apartamento en Madrid donde vivía desde hacía 71 años, según reportó el medio France 24.
El caso ocurrió en el barrio madrileño de Retiro, luego de que un tribunal fallara a favor de la empresa inmobiliaria Urbagestión. La jubilada, quien pagaba menos de 500 euros al mes bajo el régimen de renta antigua de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, enfrentaba un incremento de renta hasta los 2.650 euros, una cifra que superaba ampliamente su pensión de 1.000 euros mensuales. A pesar de los recursos legales presentados durante siete años y de las protestas de vecinos y activistas, la orden de desalojo se ejecutó debido a que su grado de discapacidad se ubicaba por debajo del umbral legal requerido para frenar la medida.
El impacto de la gentrificación y el turismo
La situación de Maricarmen refleja una problemática estructural que afecta a miles de ciudadanos en España. Asociaciones como Amnistía Internacional señalan que la falta de oferta habitacional, sumada al auge del turismo y la gentrificación, ha disparado los precios de alquiler y compra en grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid.
El modelo de renta antigua, que garantizaba prórrogas forzosas para los inquilinos vitalicios, ha quedado prácticamente extinto tras modificaciones legales aplicadas desde 1994, lo que ha derivado en miles de desahucios anuales por impago o la finalización de contratos históricos. Esta presión inmobiliaria afecta con mayor fuerza a adultos mayores y sectores vulnerables que no logran competir con los precios del mercado actual.
Reacciones políticas y división institucional
El desalojo desató un fuerte debate político entre el Gobierno central y las autoridades regionales. Desde Nueva York, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, admitió la responsabilidad compartida del Parlamento en la falta de una legislación sólida para frenar este tipo de situaciones. Por su parte, el Ministerio de Vivienda intentó impulsar normativas de protección que no prosperaron ante la falta de acuerdos legislativos.
En contraste, la Comunidad de Madrid defendió su gestión al señalar que se ofrecieron alternativas habitacionales a la afectada, mientras que opositores y manifestantes cuestionaron las políticas locales de vivienda y los precios de los inmuebles en la capital española. Mientras tanto, colectivos de inquilinos continúan exigiendo mayores regulaciones para proteger a los residentes tradicionales frente a la especulación inmobiliaria.
Fuente: France 24
Esta nota fue elaborada por la redacción de 6W News a partir de la fuente citada, con la colaboración de profesionales del medio y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, conforme a nuestro Manual Editorial.
Te puede interesar:
- Rusia lanza intenso ataque con drones contra Kiev tras reunión de Zelenski y Trump
- Trump advierte ante la ONU que podría usar fuerza militar en Latinoamérica
¡Síguenos en 6W News!
