Los agentes detuvieron a 15 personas investigadas por varios delitos de «pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental», según indicó la Guardia Civil en un comunicado.
Los presuntos traficantes, de acuerdo con las estimaciones de los agentes, podrían haber cobrado más de 19 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares) desde 2021 de las empresas italianas que contrataron sus servicios para deshacerse de los residuos.
«Diariamente eran depositados de forma descontrolada toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, en localidades de Tarragona y Cuenca procedentes de Italia», agrega la nota sobre su modus operandi.
La investigación descubrió una serie de empresas interrelacionadas, con sede en Cataluña (este) y en Castilla-La Mancha (centro-este), «que comerciaban a grandes niveles con residuos italianos».
Decenas de camiones procedentes de Italia entraban en las instalaciones que gestionaba la organización, pero en vez de someter la carga a un proceso de valoración, esta era dirigida directamente a vertederos.
Siguiendo este esquema, la Guardia Civil estima que más de 40.000 toneladas de residuos urbanos de origen italiano fueron arrojadas al año de forma ilegal en estos vertederos españoles desde 2021.
Estas empresas italianas de tratamiento deslocalizaban sus residuos para «para ahorrar costes», según explica el comunicado, que subraya que esta práctica es contraria a la legislación que estipula que cada país debe gestionar sus propios residuos.
Para eludir la normativa, se interponían una serie de empresas entre las compañías italianas y el vertedero español para simular que los residuos pasaban por algún tratamiento, cuando estos eran directamente enterrados en España, implicando un riesgo para los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes. .
Los delitos ambientales son la cuarta actividad criminal más importante a nivel mundial. Son, además, una de las principales fuentes de financiación del crimen organizada, después del tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y la trata de seres humanos, según datos del Parlamento Europeo.
