La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) de Corea del Sur arrestó esta madrugada al presidente cesado Yoon Suk-yeol en su residencia de Yongsan, en el centro de Seúl.
La detención se produce 43 días después de su polémica declaración de la ley marcial en diciembre pasado, un acto que lo ha colocado en el centro de una investigación por insurrección.
El arresto de Yoon, el primero de un presidente surcoreano en funciones, ocurrió tras un segundo intento fallido a principios de mes. Según las autoridades, la operación se llevó a cabo para evitar un posible “derramamiento de sangre”, después de que el exmandatario anunciara públicamente su decisión de comparecer voluntariamente.
Su equipo legal señaló que la medida buscaba prevenir enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes congregados fuera de su residencia, tanto a favor como en contra de la detención.
Yoon enfrenta investigaciones simultáneas de la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa, bajo cargos de insurrección relacionados con su fugaz implementación de la ley marcial. En un comunicado previo a su arresto, calificó el proceso como una “investigación ilegal” pero afirmó que su colaboración buscaba evitar más violencia.
Este acontecimiento marca un hito en la política surcoreana, evidenciando la firmeza de sus instituciones para abordar la responsabilidad política y judicial, incluso en los niveles más altos del poder.
