El tribunal especial de paz que juzga los peores crímenes del conflicto armado en Colombia considera «entendible» el rechazo de algunas víctimas a la primera sentencia contra exlíderes guerrilleros por secuestros masivos, dijo el miércoles el magistrado Camilo Suárez en entrevista con la AFP.
Siete miembros de la cúpula de las extintas FARC, incluido su último comandante -alias Timochenko-, fueron sentenciados el martes a ocho años de trabajos comunitarios y sanciones alternativas a prisión por este juez de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los comparecientes aceptaron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.
El tribunal, creado en el marco del histórico acuerdo entre esa guerrilla y el gobierno en 2016, enfrenta ahora fuertes críticas de víctimas que esperaban sanciones más duras.
La dirigente política colombo-francesa Íngrid Betancourt, secuestrada por más de seis años por esa guerrilla, dijo a la AFP sentirse «humillada» al considerar que el fallo «benefició» a la cúpula del grupo rebelde.
«Es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes» porque «son crímenes que es imposible reparar», dijo Suárez.
Unas 4.300 víctimas de secuestro están acreditadas ante el tribunal y «escucharlas a cada una es absolutamente difícil, casi imposible», defendió el magistrado.
Los comparecientes recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz. Su movilidad será restringida y participarán en actividades para dignificar a las víctimas, como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
También serán sometidos a vigilancia con dispositivos electrónicos.
«Deben permanecer en un espacio geográfico determinado por el tribunal», dijo Suárez, aunque precisó que «no es para confinarlos, no es cárcel», sino para verificar su presencia en los trabajos sociales.
Los sentenciados o las víctimas podrán apelar la sentencia, un proceso que podría dilatar la aplicación de las sanciones.
A partir de entonces, «empieza a correr el tiempo» para la sentencia de ocho años.
Suárez destacó que entre los antiguos miembros de la cúpula guerrillera «hay total disposición» para cumplir las sanciones. «Se sometieron al Estado absolutamente comprometidos», aseguró.
Los excomandantes aseguraron en un comunicado el martes estar dispuestos a «cumplir» con «el propósito de reparar a la sociedad colombiana».
Betancourt y otras víctimas han anunciado que impugnarán la decisión del tribunal ante instancias internacionales.
«Están en todo su derecho», respondió el magistrado. Apelar ante cortes internacionales «es posible», siempre y cuando éstas acepten asumir dichas competencias.
