El gobierno de izquierda español anunció el martes que regularizará a los inmigrantes afectados por las inundaciones que causaron 232 muertos a finales de octubre en la región de Valencia, algunos de los cuales están en situación de «extrema vulnerabilidad».
La disposición forma parte de un paquete de adoptados este martes por el Consejo de Ministros para «garantizar la seguridad jurídica a todas las personas extranjeras» que viven en los municipios afectados por las inundaciones, pero también de sus posibles obstáculos, según el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
El mecanismo permitirá a las personas sin papeles que vivían en estos municipios en el momento de la tragedia obtener una «autorización de residencia por circunstancias excepcionales» por un año, que les permitirá «residir y trabajar en España», según el ministerio.
Los permisos de residencia se extenderán a cinco años para los familiares de personas extranjeras fallecidas durante las inundaciones.
Cuando estos permisos expiren, los beneficiarios podrán solicitar una renovación por la vía habitual.
Según el ministerio, el paquete prevé además la renovación automática de los permisos de residencia para los extranjeros de las zonas afectadas que lo soliciten.
Solo podrán ser rechazados por razones de «orden público» y «seguridad», agregó.
En total, deberían beneficiarse 25.000 personas.
Estos anuncios fueron aplaudidos por el responsable de la reconstrucción en la región de Valencia, el general Francisco José Gan Pampols, quien recordó que a las empresas presentes en las zonas afectadas les falta mano de obra.
«Si esas personas están en condiciones de prestar alguno de los Múltiples trabajos que son necesarios en la zona, (son) más que bienvenidas», aseguró el militar retirado, nombrado a mediados de noviembre vicepresidente del gobierno regional de Valencia para la reactivación económica y social.
Las fueron también bien recibidas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), para quien «estos mecanismos excepcionales (…) permitirán a las personas migrantes acceder en igualdad de condiciones a las ayudas» ofrecidas por el Estado a las víctimas de las inundaciones.
A contracorriente de la mayoría de sus homólogos europeos, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aboga desde hace varios años por un enfoque positivo frente a la inmigración, considerado necesario ante al envejecimiento de la población española.
Así, el Ejecutivo adoptó en noviembre una nueva regulación destinada a facilitar la regularización de decenas de millas de inmigrantes durante los próximos tres años.
