Varios funcionarios palestinos denunciaron el martes el decreto del presidente Mahmud Abás que pone fin a los pagos a las familias de los muertos por Israel ya los prisioneros en cárceles israelíes.
El decreto, emitido el día anterior y que se espera afecta a decenas de millas de personas, transfiere la administración de estos pagos a una fundación independiente.
Qadura Fares, jefe de la comisión de la Autoridad Palestina que supervisa los asuntos de los prisioneros, pidió la retirada inmediata del decreto, advirtiendo que afectará «aproximadamente a entre 35.000 y 40.000» familias tanto dentro como fuera de los territorios palestinos.
Añadió que una decisión tan significativa debería haber sido discutida en todos los niveles de liderazgo político palestino, argumentando que «las asignaciones para los prisioneros siempre fueron un punto de consenso» entre las facciones palestinas.
En una declaración aparte, Fares dijo que una organización de la sociedad civil, la Fundación Palestina para el Empoderamiento Económico, gestionará ahora estos pagos y realizará auditorías para «verificar las dificultades económicas» de los prisioneros y sus familias.
Según la agencia de noticias oficial WAFA, todas las personas que anteriormente se beneficiaron de los pagos estarán «sujetas a los mismos estándares aplicados sin discriminación a todas las familias beneficiarias de programas de protección y bienestar social».
La ley existente, aprobada en 2004, clasificaba a todos los prisioneros palestinos como empleados del gobierno y les proporcionaba a ellos oa sus familias salarios basados en factores como la duración de la sentencia, según el decreto.
El decreto de Abás surgió en respuesta a una solicitud de Estados Unidos y la presión reiterada de Israel sobre la Autoridad Palestina para que aboliera lo que los críticos denominan el programa «Pagar por Matar».
El gobierno israelí argumenta que el programa incentiva la violencia contra los israelíes y lo considera «financiamiento y apoyo al terrorismo».
