El gobierno de Guatemala reconoció este viernes su responsabilidad en el asalto e incendio, por parte de las fuerzas de seguridad, de la embajada de España en 1980, que dejó 37 muertos, durante la guerra civil del país (1960-1996).
«En memoria de las víctimas y su dignidad, el gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad estatal de este crimen de lesa humanidad», dice en letras doradas en una placa de mármol verde, develada por la Comisión Presidencial por la Paz donde funcionó la sede diplomática en la capital.
El 31 de enero de 1980, militares y policías asaltaron la misión diplomática, ocupadas horas antes por dirigentes mayas y estudiantes que denunciaban abusos en el marco del combate a la guerrilla izquierdista. Durante la incursión se desató un voraz incendio.
En el lugar donde estuvo la embajada, un grupo de indígenas mayas realizó una ceremonia ancestral para honrar la memoria de las víctimas.
Además, organizaciones campesinas y humanitarias lamentaron en un comunicado que las causas que originaron el conflicto armado como el racismo, la explotación, la desigualdad y el despojo de tierra «no se han superado».
Entre los 37 muertos estaban el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el excanciller Adolfo Molina y Vicente Menchú, el padre de la Nobel de Paz Rigoberta Menchú y quien era dirigente de la etnia maya.
Por este hecho, en 2015 un tribunal condenó a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de un comando especial de la extinta Policía Nacional, que se encargaba de tareas represivas y de hacer desaparecer a opositores.
Los 36 años de guerra civil guatemalteca dejaron unos 200.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.
