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ICE cambia información disponible sobre detenidos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de mostrar públicamente la ubicación de numerosos inmigrantes detenidos que cuentan con órdenes finales de deportación.
El cambio comenzó el 15 de septiembre y afecta al sistema público utilizado por familiares y abogados para localizar a personas bajo custodia migratoria.
Esto no significa que los detenidos hayan desaparecido físicamente o que ICE desconozca dónde se encuentran.
¿Qué cambió en el sistema de ICE?
El Online Detainee Locator System (ODLS) fue creado para permitir que familiares, representantes legales y otras personas puedan localizar a individuos detenidos por ICE.
Anteriormente, el sistema podía indicar dónde permanecía una persona bajo custodia.
Con el cambio, numerosos detenidos con órdenes finales de deportación continúan registrados, pero su ubicación específica ya no aparece públicamente.
Existen excepciones para determinados centros sujetos a órdenes judiciales.
Miles podrían encontrarse bajo esta condición
Associated Press reportó que aproximadamente 16 mil personas que estaban bajo custodia de ICE en julio tenían órdenes finales de deportación.
Sin embargo, esta cifra no representa necesariamente el número exacto de personas cuya ubicación dejó de aparecer públicamente desde el 15 de septiembre.
ICE no ha divulgado una cifra precisa de todos los detenidos afectados por el cambio.
Abogados advierten dificultades para localizar clientes
Organizaciones de abogados de inmigración señalaron que algunos de sus clientes dejaron repentinamente de mostrar una ubicación dentro del sistema.
La American Immigration Lawyers Association indicó que el cambio complica el trabajo de representantes legales y familiares.
Conocer el lugar de detención puede resultar relevante para determinar qué tribunal tiene jurisdicción y dónde deben presentarse determinados recursos.
Recursos de emergencia podrían complicarse
Una persona con una orden final de deportación todavía puede tener recursos legales disponibles dependiendo de las circunstancias particulares de su caso.
Entre ellos pueden existir solicitudes de emergencia o acciones de habeas corpus.
Abogados consultados por AP advirtieron que desconocer dónde se encuentra un detenido puede reducir el tiempo disponible para presentar estos recursos antes de una eventual expulsión.
ICE prioriza deportaciones con órdenes finales
ICE sostiene que las personas que ya cuentan con órdenes finales de deportación son una prioridad para su expulsión de Estados Unidos.
La agencia ha señalado que enfrenta un elevado volumen de litigios y órdenes judiciales relacionadas con sus operaciones migratorias.
El cambio en el localizador ocurre dentro de ese contexto de aplicación de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
¿Familiares todavía pueden localizar a un detenido?
La documentación de ICE establece que, cuando una persona bajo custodia no puede ser localizada mediante su sistema en línea, familiares o representantes pueden intentar comunicarse con la oficina correspondiente de Enforcement and Removal Operations.
Sin embargo, abogados señalan que este procedimiento puede ser más lento que consultar directamente la ubicación en el sistema público.
El ODLS había sido implementado precisamente para facilitar la localización de detenidos sin depender exclusivamente de llamadas a oficinas de ICE.
Cambio genera debate sobre transparencia
La decisión ha provocado cuestionamientos de abogados y organizaciones migratorias sobre el acceso a información relacionada con los inmigrantes detenidos por ICE.
Sus críticos argumentan que conocer la ubicación facilita la representación legal, el contacto familiar y la posibilidad de acudir rápidamente ante un tribunal.
ICE, por su parte, mantiene la custodia y el registro interno de las personas afectadas aunque su ubicación ya no aparezca públicamente.
Personas siguen bajo custodia de ICE
El cambio no implica que miles de inmigrantes hayan desaparecido del control de las autoridades.
La modificación se refiere específicamente a la información disponible para el público sobre dónde permanecen determinados detenidos.
La controversia se centra ahora en las consecuencias que esta menor disponibilidad de información puede tener para familiares, abogados y personas que buscan presentar recursos antes de una deportación.
