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Foto de archivo (2023). Foto: Governo italiano / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 it
El gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó este martes un paquete de medidas de seguridad que contempla hasta cinco años de prisión por participación violenta en manifestaciones, mayores facultades para detener a menores y el despliegue de militares, tras los disturbios registrados el fin de semana en ciudades del norte como Milán.
De acuerdo con la información publicada por France 24, la nueva normativa establece sanciones de hasta 20.000 euros para quienes integren grupos de al menos cinco personas que pongan en peligro la seguridad pública. Las penas aumentan si los involucrados ocultan sus rostros o provocan lesiones durante las protestas, las cuales el gobierno busca frenar de manera drástica bajo el argumento de que el vandalismo representa un delito y no una forma de protesta.
Nuevas facultades policiales sobre menores y despliegue militar
El decreto introduce un esquema de responsabilidad económica para los padres, quienes deberán responder por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad. Asimismo, se amplían las facultades de las autoridades sobre los adolescentes de entre 14 y 17 años, permitiendo su detención preventiva aun cuando no hayan cometido un delito formal, siempre que existan indicios suficientes de que representan un peligro social.
Como parte de las acciones para reforzar el orden público en zonas estratégicas, las autoridades ordenaron el despliegue de 500 militares en la ciudad de Milán. Estos elementos trabajarán junto con la Policía local para vigilar instalaciones consideradas sensibles hasta finales de 2026, en una estrategia que busca blindar los centros urbanos ante posibles brotes de violencia callejera.
Contexto político y repercusiones en el panorama europeo
Estas disposiciones se implementan en un momento en el que la administración de derecha en Italia busca consolidar el control del orden público mediante reformas legales de aplicación inmediata. La normativa también incluye mecanismos para agilizar la compensación económica por los destrozos causados en bienes públicos y privados durante las movilizaciones recientes.
La medida ha generado atención en el ámbito internacional sobre el equilibrio entre el derecho a la manifestación y las políticas de seguridad nacional en Europa. Mientras el poder Ejecutivo sostiene que la prioridad es salvaguardar la integridad de las ciudades, diversos sectores analizan el impacto de estas restricciones en las libertades civiles y el trato hacia los menores de edad dentro del sistema judicial italiano.
Fuente: France 24
Esta nota fue elaborada por la redacción de 6W News a partir de la fuente citada, con la colaboración de profesionales del medio y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, conforme a nuestro Manual Editorial.
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