Entre enero y octubre de 2024, el gobierno mexicano destinó el 50.6% de sus ingresos tributarios a cubrir el costo financiero del sector público y el gasto en pensiones y jubilaciones, alcanzando su nivel más alto en casi tres décadas. La última vez que se registró un porcentaje tan elevado fue en 1995, cuando el país atravesaba la crisis financiera derivada de la devaluación del peso, alcanzando un 52.7%.
Este aumento en el gasto público ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la situación a mediano y largo plazo. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, destacó que aunque es positivo que el gobierno federal cumpla con sus compromisos financieros y destine mayores recursos a las pensiones y jubilaciones, este modelo no es viable a largo plazo. «Sin una reforma fiscal que logre fuentes de recursos sostenibles, este panorama podría complicarse aún más», alertó Siller.
El elevado porcentaje de ingresos destinados al servicio de la deuda y pensiones aumenta el riesgo de una posible degradación de la calificación de la deuda soberana de México, según los analistas. En este contexto, se espera que la administración federal implemente un recorte en el gasto público para 2025, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, disminuir el endeudamiento y bajar los costos financieros asociados a la deuda, como lo mencionó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Castro. Sin embargo, los retos fiscales persisten y la necesidad de una reforma fiscal integral sigue siendo urgente.
