Nicaragua aumentó el «hostigamiento y las represalias» a los periodistas exiliados y a sus familias que siguen en el país, según un informe publicado este jueves por la oenegé Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
El documento afirma además que el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, perpetrado el 19 de junio en San José, causó alarma entre los comunicadores exiliados en Costa Rica, que temen ser blanco de ataques ordenados desde Managua.
«El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su campaña de estigmatización contra el periodismo independiente» entre abril y junio pasados, indicó la FLED, que opera desde el exilio en territorio costarricense.
«Se documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa», con una marcada concentración en junio, indica la ONG en su reporte, titulado «Gobierno de Nicaragua intensifica hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados»
La mayoría de esas violaciones fueron «agresiones verbales, escritas y digitales» cuyo objetivo es «amedrentar y desacreditar a los periodistas y medios» independientes, añade el informe.
Tras el asesinato de Samcam, hay periodistas exiliados en Costa Rica que buscan mudarse a España por el «terror creciente a que las redes de vigilancia y persecución del gobierno nicaragüense estén cruzando fronteras», según la ONG.
El documento menciona el caso de una periodista exiliada en Estados Unidos, quien denunció «que su familia, que permanece en el país, fue objeto de vigilancia por parte de civiles armados vinculados al partido sandinista».
La FLED también señaló que hubo un incremento en la negativa de permisos de ingreso de exiliados a Nicaragua, principalmente a comunicadores y creadores de contenido.
La situación de la prensa empeoró en Nicaragua tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El gobierno considera estas protestas como un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.
Ortega reformó en 2024 la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.
Además, una reforma constitucional estableció que el Estado «vigilará» a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».
Desde 2018, medio centenar de medios independientes o críticos del gobierno ha cerrado en Nicaragua y sus bienes fueron confiscados, según Reporteros sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones.
