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Demanda judicial contra la fiscalía federal estadounidense
El Departamento de Justicia de Nuevo México presentó una demanda de 40 páginas contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). La acción legal acusa a la agencia federal de negarse a entregar documentos e informes sobre la red de abusos.
El fiscal general del estado, Raúl Torrez, encabeza el recurso para obtener la información oficial acumulada durante años. El funcionario asumió las investigaciones locales sobre las actividades desarrolladas en territorio estatal.
Documentos y propiedades en el centro de la controversia
La petición exige la entrega de expedientes vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. Asimismo, el estado requiere información referente a las actividades en el inmueble conocido como Zorro Ranch y posibles cómplices.
El Departamento de Justicia federal argumentó que las solicitudes de Torrez resultan demasiado amplias. Además, la dependencia apeló a motivos de privacidad de terceros e investigaciones en curso para retener la documentación.
Argumentos de la fiscalía estatal
La fiscalía estatal rechazó las objeciones presentadas por las autoridades federales. La dependencia local citó declaraciones del fiscal general adjunto Todd Blanche para señalar que no existen investigaciones federales activas sobre el caso.
Antecedentes de la disputa de expedientes
El conflicto por los archivos se remonta al año 2019, cuando el entonces fiscal Hector Balderas abrió una indagatoria local. Balderas accedió a diferir las actuaciones ante la promesa de que el gobierno federal compartiría los expedientes posteriormente, compromiso que no se cumplió.
Datos clave de la acción legal
- Instancia demandante: Departamento de Justicia del Estado de Nuevo México.
- Instancia demandada: Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
- Propiedad involucrada: La finca Zorro Ranch, ubicada en territorio de Nuevo México.
- Promotor de la demanda: Fiscal General estatal Raúl Torrez.
- Extensión del documento: Recurso legal presentado con una longitud de 40 páginas.
La demanda presentada por el gobierno de Nuevo México reabre la presión pública sobre el acceso a los expedientes federales en el caso. El proceso judicial determinará si las autoridades nacionales deben liberar los archivos requeridos para el esclarecimiento de los hechos en la entidad.
