El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso la creación de una División Ambiental con facultades penales para castigar delitos graves contra el medio ambiente, como la tala clandestina, el vertido de residuos peligrosos, la contaminación del aire y del agua, y el desmontaje ilegal de terrenos.
Esta iniciativa busca fortalecer la Procuraduría Ambiental, que actualmente carece de atribuciones para imponer sanciones penales, permitiendo que los infractores evadan fácilmente las consecuencias legales.
La propuesta contempla la colaboración de corporaciones como la Fuerza Civil, la Fiscalía, la Guardia Nacional, Protección Civil, policías municipales y otras entidades ambientales. Además, se habilitará el número 070 para que ciudadanos y funcionarios puedan presentar denuncias.
García también anunció que impulsará una reforma al Código Penal para endurecer las penas por delitos ambientales, evitando que los responsables queden libres por falta de prisión preventiva. La propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), y se espera que en las próximas semanas se inicien los trabajos para su implementación.
