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Suprema Corte de Justicia de la Nación avala reducción del aguinaldo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que es constitucional reducir el aguinaldo para nuevos pensionados del sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas, pasando de 60 a 30 días.
La resolución fue emitida el 12 de enero de 2026 y responde, según el fallo, a la necesidad de mantener la viabilidad financiera del sistema pensionario estatal ante el aumento de jubilados y las presiones presupuestales.
El máximo tribunal señaló que la medida no elimina el derecho al aguinaldo, sino que únicamente modifica el monto de la prestación para futuras generaciones de pensionados.
Quiénes conservarán el aguinaldo completo
La Corte dejó claro que la reforma no tendrá efectos retroactivos, por lo que quienes ya reciben una pensión antes de la entrada en vigor del nuevo esquema conservarán íntegramente su aguinaldo de 60 días.
La protección aplica para personas con:
- Pensión por vejez
- Pensión por cesantía en edad avanzada
- Pensión por invalidez
- Pensión por incapacidad permanente
Siempre y cuando el derecho pensionario haya sido reconocido antes de la reforma.
El tribunal subrayó que los derechos adquiridos no pueden reducirse retroactivamente, ya que esto afectaría principios de certeza jurídica y seguridad social.
Nuevos jubilados recibirán 30 días
La reducción impactará únicamente a quienes se jubilen después de la implementación de la reforma en Zacatecas.
Bajo el nuevo esquema, los futuros pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días, sin importar el tipo de pensión dentro del sistema estatal.
Las autoridades aclararon que esta medida no afecta a pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social ni a otros sistemas federales fuera de Zacatecas.
Debate nacional sobre las pensiones
Especialistas consideran que el criterio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría servir como referencia para otros estados que enfrentan problemas financieros similares en sus sistemas pensionarios.
El envejecimiento poblacional, el incremento en el número de jubilados y la presión presupuestal han llevado a distintos gobiernos estatales a analizar posibles reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo.
La decisión abre nuevamente el debate sobre cómo equilibrar la viabilidad financiera de los sistemas de retiro sin afectar derechos laborales y prestaciones históricas de los trabajadores.
