Tras el derrame de cloruro ferroso y agua ácida en instalaciones de la empresa Ternium, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León solicitó a la compañía implementar medidas correctivas y preventivas ante el incidente.
Mediante un oficio y “con fundamento en lo dispuesto por la Ley Ambiental del Estado”, la dependencia pidió acciones inmediatas de contención y remediación, entre ellas la entrega de un “informe técnico detallado sobre los trabajos inmediatos para contener el suceso”, así como “evidencia fotográfica y documental de las labores de limpieza”.
Además, se requirió la “presentación de los resultados preliminares de monitoreos ambientales realizados en la zona afectada”, como parte del seguimiento a los impactos generados por el derrame.
La Secretaría también exigió que la empresa detalle “las causas, cantidad exacta del derrame de las sustancias peligrosas, y el croquis del área dañada”, con el fin de dimensionar el alcance de la afectación.
Dentro de los requisitos, la dependencia pidió la entrega de la “copia de los permisos, autorizaciones o licencias ambientales estatales o federales vigentes para el manejo de dicho material, manuales y protocolos internos de prevención y atención de emergencias, así como el registro actualizado de los residuos peligrosos generados, incluyendo bitácora de almacenaje temporal y disposición final”.
Asimismo, solicitó que se indique “el plan de acción correctivo con cronograma y responsables, el programa de capacitación ambiental para su personal operativo y de seguridad industrial; y la contratación de una auditoría ambiental externa por parte de una Unidad de Verificación acreditada”.
La Secretaría de Medio Ambiente también pidió a Ternium la entrega de un “informe de contacto e información proporcionada a vecinos, trabajadores u otras partes interesadas”, además de “una propuesta para establecer una mesa de trabajo o seguimiento comunitario, en caso de afectación social directa”.
Finalmente, el documento establece que “los datos deberán ser entregados en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la recepción del oficio”. Este requerimiento se suma a las acciones que ya ha iniciado la Procuraduría Ambiental del estado.
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