Esta estrategia es similar a la usada en las negociaciones para el acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2016.
El gobierno de Colombia trasladará a unos 600 guerrilleros y narcos desarmados a zonas especiales del país, donde estarán a salvo de la persecución militar para negociar su desmovilización a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
A menos de tres meses de dejar el poder el 7 de agosto, el primer presidente izquierdista de la historia del país, Gustavo Petro, pena por cumplir con su política de «paz total», con la que se comprometió a desmovilizar a todas las organizaciones criminales.
El mandatario solo mantiene negociaciones con el poderoso cartel narco del Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.
La noche del miércoles anunció que autorizó el tránsito de miembros de estas organizaciones hacia zonas donde se agruparán para continuar con las conversaciones.
El abogado del Clan del Golfo, que negocia con el gobierno en Qatar, dijo el jueves a Blu Radio que unos 500 «combatientes» de esa agrupación de cerca de 10,000 miembros se movilizarán hasta estas regiones a cambio de «garantías de seguridad jurídica y personal».
El gobierno pidió la semana pasada a la Fiscalía levantar las órdenes de captura contra el jefe del Clan, alias Chiquito Malo, y otros 28 miembros para que llegaran hasta las zonas destinadas para este grupo en el norte del país.
Pero la Fiscalía se negó en medio de versiones de prensa sobre molestias de Estados Unidos por la solicitud, debido a que el capo narcotraficante es requerido por la justicia de ese país.
Petro aseguró el miércoles que quienes tengan una solicitud de extradición no podrán ingresar a estas zonas especiales. El mandatario asegura que esta es la «fase final» de los diálogos.
