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El general Romeo Vásquez, quien encabezó en 2009 el golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente izquierdista Manuel Zelaya, y otros dos exjefes militares compararon este viernes ante la justicia por la muerte de un manifestante en esos sucesos.
Vásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas ese año, y los otros dos generales participaron en una audiencia reservada ante un tribunal capitalino que finalmente fue suspendida para reanudarse el sábado. En esta diligencia debe resolverse si son absueltos o si se sigue adelante con el proceso contra los acusados, quienes están detenidos desde el domingo.
Después de casi 11 horas, el juez detuvo la vista y «mañana (sábado) a las 9:00 am (15H00 GMT) continuará», precisó la fiscalía en la red social X.
Vásquez denunció una «persecución política» en su contra, pero la oficina en Honduras del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos afirmó que esta causa constituye «un avance» en «el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad».
– Manifestación –
En esta diligencia judicial debe «decidirse si se dicta o no auto de procesamiento formal» contra los tres militares retirados, explicó a la AFP el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Con «una carga mínima probatoria», el tribunal ordenará proseguir con el juicio a los generales, agregó el vocero.
Ellos son «supuestos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves» a Isy Obed Murillo (muerto a los 19 años) y Alex Zavala, respectivamente, según la acusación de la Fiscalía.
Ambas víctimas participaron el 5 de julio del 2009 en una manifestación -reprimida por el ejército- contra el golpe cívico-militar que había sacado del poder una semana antes a Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro.
Los tres altos oficiales fueron trasladados al juzgado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Penitenciaría Nacional, 27 km al norte de la capital.
Los otros dos son los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto.
Decenas de manifestantes oficialistas se congregaron frente al tribunal para exigir condenas para los militares. También acudió al lugar una quincena de parientes y oficiales retirados en solidaridad con los acusados.
– «Que pague lo que debe» –
La familia de Murillo espera una condena contra Vásquez.
«No queremos que salga absuelto ni que vaya ciudad por cárcel [medida sustitutiva de prisión]. No, no, nada de eso, que pague lo que debe», dijo a la AFP David Murillo, padre del joven fallecido.
Sin embargo, la esposa del general, Lícida Zelaya, dijo a los periodistas afuera del tribunal que los tres militares son «inocentes».
«Necesitamos saber quién es el verdadero culpable» para que «se haga justicia, no solo para los tres generales sino para Isy Obed», indicó la esposa de Vásquez, quien no es familiar del expresidente Zelaya.
La mujer sostuvo que estos generales son «presos políticos», llevados ante la justicia «al estilo del régimen de Venezuela», refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro.
La denuncia contra los generales fue presentada hace años por la oenegé Cofadeh, pero fue reactivada ahora por el nuevo fiscal general, Johel Zelaya, quien es afín al gobierno, según la oposición, aunque tampoco forma parte de la familia del exmandatario.
Según la oposición, este proceso es una «persecución política» emprendida por el fiscal.
– ONG pide juzgar a Micheletti –
Cofadeh solicitó el jueves a la fiscalía que también procese al expresidente Roberto Micheletti, el líder derechista del Congreso hondureño que pidió la presidencia por Zelaya cuando este fue derrocado, el 28 de junio de 2009.
Micheletti «era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y pudo haberle ordenado al general Vásquez que cesara de usar armas y bala viva en contra del pueblo que se manifestaba» contra el golpe, indicó la coordinadora de la ONG, Bertha Oliva.
Cofadeh pidió que Micheletti, de 81 años y retirado de la política, no solo fuera juzgado por la muerte de Murillo, sino también de otros dos manifestantes en 2009.
