El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado a Ronald Douglas Johnson como su nuevo embajador en México, una propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Senado. En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump expresó su satisfacción por nominar a Johnson, quien tendrá como responsabilidad promover la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos a través de políticas exteriores que prioricen los intereses de su nación.
Ronald “Ron” Johnson es graduado de la Universidad Nacional de Inteligencia con una maestría en Inteligencia Estratégica. A lo largo de su carrera, ha servido al gobierno estadounidense en diversas capacidades, comenzando como oficial del Ejército en las boinas verdes y luego trabajando en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Además, fue embajador de Estados Unidos en El Salvador entre 2019 y 2021, y actualmente se desempeña como Enlace de Ciencia y Tecnología de la CIA.
Como embajador en El Salvador, Johnson fue criticado por su enfoque sobre los derechos humanos, siendo señalado por aplicar políticas severas contra el crimen organizado durante la presidencia de Nayib Bukele. En cuanto a su política exterior, Johnson es conocido por alinearse con la agenda «America First» de Trump y su firme postura contra el narcotráfico, lo que lo convierte en un aliado incondicional de los gobiernos a los que es asignado.
Con la nominación de Johnson, Trump destaca, además de otros temas, la lucha contra el narcotráfico como una de sus prioridades diplomáticas, lo que refleja el enfoque de la administración estadounidense hacia México y América Latina. La nominación está ahora a la espera de la confirmación por parte del Senado, lo que podría consolidar a Johnson como el próximo embajador de Estados Unidos en México, a un año del inicio de su gestión.
En un mensaje privado a los gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que serán monitoreados diariamente para verificar que no estén vinculados con grupos ilegales. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los mandatarios locales actúen dentro del marco de la ley y no colaboren con organizaciones criminales.
