La prohibición de doble nacionalidad en Nicaragua no será retroactiva, aclaró el martes el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras.
A pedido de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Congreso controlado por el oficialista Frente Sandinista aprobó el 16 de mayo una reforma de la Constitución que privará de la nacionalidad a los nicaragüenses que adquieran otra ciudadanía.
Esta reforma entrará en vigor después de que sea aprobada en una segunda legislatura.
«Aquel que obtenga una nacionalidad extranjera pierde la nicaragüense de ahí en adelante», pero «los que [ya] tienen doble nacionalidad o triple, pueden estar tranquilos», dijo Porras ante el plenario.
Destacó que «dentro de los derechos individuales está el de que la ley no es retroactiva, a menos que sea a favor del reo».
El gobierno, en manos de Ortega, al frente del país desde 2007, y de su esposa Murillo, vicepresidenta desde 2017 y convertida en copresidenta en febrero, ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos expulsados del país en los últimos años.
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, y regresó al poder en 2007 es acusado por opositores y críticos de instaurar una «dictadura familiar» junto a su esposa.
La pareja aumentó el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La represión de los manifestantes dejó más de 300 muertos, según la ONU.
