El sistema judicial en Guatemala se utiliza para «criminalizar» a líderes sociales y activistas contra la corrupción, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse, denunció este miércoles la ONG humanitaria Cristosal en un informe sobre esa «persecución».
La fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por creerla «corrupta» y «antidemocrática», ha abierto investigaciones a casi un centenar de exfiscales anticorrupción, jueces, líderes comunitarios, periodistas y activistas sociales, en los últimos cinco años.
En su informe, Cristosal denuncia «el abuso sistemático» de mecanismos para «perseguir, criminalizar y silenciar» a defensores de derechos humanos, promotores de justicia o periodistas.
La oenegé señaló que los «patrones de persecución» inician con «campañas de desprestigio, acoso digital y hostigamiento judicial» que «responden a una estrategia más amplia para aislar y neutralizar su labor».
Cristosal identificó que el «acoso» proviene de cuentas anónimas en la red social X y la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, cuyo representante -también sancionado por Washington- ha expresado su apoyo a la fiscal general y actúa como querellante en varios procesos.
La oenegé señaló que los casos escalan a «denuncias penales» en su mayoría «sin sustento» o «infundadas», y hay «manipulación» de procesos judiciales», en los que se usan «pruebas ilegales o fabricadas».
«Este patrón se caracteriza por la instrumentalización del sistema penal como herramienta represiva», agregó Cristosal.
La organización basó su reporte en monitoreo de medios, análisis académicos y entrevistas -en 2024- a más de un centenar de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y otros sectores «criminalizados».
De acuerdo con Cristosal, los entrevistados señalaron que la persecución fue intensa durante el gobierno de Jimmy Morales, quien nombró en 2018 a Porras en el cargo, y de Alejandro Giammattei, quien extendió el nombramiento en 2022.
Siete organizaciones, entre ellas Cristosal y grupos indígenas guatemaltecos, lanzaron junto al informe la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política para «documentar, denunciar y acompañar» a los activistas sometidos a procesos judiciales o que están en el exilio.
«Hay instituciones que dejaron de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción», alertaron.
Por los casos de la fiscalía y otras acciones en el gobierno de Giammattei, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en 2022 en la lista de países con graves violaciones de derechos humanos, en la que también figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Guatemala salió de esa lista negra en mayo pasado por la apertura del presidente Bernardo Arévalo, en el poder desde enero de 2024, a ser evaluado por la CIDH. Porras defiende sus investigaciones al señalar que «la ley» es para «todos».
