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Las mujeres en Afganistán enfrentan un nuevo retroceso en sus derechos tras la publicación del Decreto 18 por parte del gobierno talibán, una normativa que, según organizaciones internacionales, fortalece los matrimonios infantiles y reduce aún más la autonomía femenina.
Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, el país ha experimentado uno de los mayores retrocesos en materia de igualdad de género, con restricciones que afectan prácticamente todos los aspectos de la vida de millones de mujeres y niñas.
¿Qué establece el nuevo decreto?
El nuevo código regula los procedimientos relacionados con la separación matrimonial, pero organizaciones como Amnistía Internacional advierten que varias de sus disposiciones representan un grave retroceso para los derechos humanos.
Entre los puntos más cuestionados destacan:
- Permite que padres o abuelos concierten matrimonios para menores de edad.
- Considera que el silencio de una adolescente que ha alcanzado la pubertad puede interpretarse como consentimiento para contraer matrimonio.
- Impone mayores obstáculos legales para que una mujer pueda impugnar un matrimonio forzado.
- Mantiene amplias facultades para que los hombres soliciten el divorcio de forma unilateral.
Diversos organismos consideran que estas medidas consolidan un sistema basado en la tutela masculina y reducen aún más la capacidad de decisión de las mujeres.
El retroceso desde el regreso de los talibanes
Antes de agosto de 2021, Afganistán aún enfrentaba importantes desafíos en igualdad de género, pero las mujeres podían acceder a universidades, desempeñar distintos empleos, participar en la política y acudir a instituciones especializadas para denunciar violencia de género.
Tras el regreso de los talibanes, muchas de esas garantías desaparecieron.
Actualmente, las mujeres tienen prohibido continuar estudios universitarios y enfrentan severas limitaciones para participar en la vida laboral y pública.
Más de 470 restricciones desde 2021
De acuerdo con datos citados por Naciones Unidas, desde que los talibanes recuperaron el control del país se han emitido más de 470 decretos, órdenes y directivas, de los cuales 79 están dirigidos específicamente a restringir los derechos de mujeres y niñas.
Organismos internacionales consideran que este conjunto de medidas constituye uno de los sistemas de discriminación de género más severos del mundo.
Principales restricciones que enfrentan las mujeres afganas
Actualmente, entre las principales limitaciones impuestas por el régimen talibán se encuentran:
- Prohibición de estudiar en universidades.
- Restricciones para acceder a niveles superiores de educación.
- Limitaciones para trabajar en gran parte de la administración pública y numerosas organizaciones.
- Restricciones para permanecer y desplazarse en espacios públicos.
- Obligación de cumplir estrictos códigos de vestimenta.
- En muchos casos, necesidad de viajar acompañadas o con autorización de un familiar hombre.
- Mayores obstáculos para denunciar matrimonios forzados.
- Eliminación de instituciones especializadas en proteger a víctimas de violencia de género.
Organismos internacionales expresan preocupación
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que las nuevas disposiciones institucionalizan prácticas que vulneran derechos fundamentales como la educación, la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley y el derecho a decidir sobre el propio matrimonio.
Para diversos organismos internacionales, las medidas adoptadas desde 2021 representan un deterioro continuo de las libertades de las mujeres afganas y dificultan aún más su participación en la vida social, económica y política del país.
Una situación que continúa agravándose
El nuevo decreto se suma a una serie de restricciones implementadas durante los últimos años que han reducido progresivamente la autonomía de las mujeres en Afganistán.
Mientras la comunidad internacional mantiene el seguimiento sobre la situación, millones de afganas continúan enfrentando limitaciones para estudiar, trabajar, participar en la vida pública y ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
