La justicia chilena pedirá a Israel la extradición de una exjueza acusada del robo de menores y su venta en el exterior, en el marco de una causa por el tráfico de miles de niños entre 1950 y 1990, según un fallo conocido este lunes.
Se estima que unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias en el exterior, de acuerdo con la investigación judicial. Las redes de tráfico estaban compuestas por médicos, trabajadores sociales y jueces, que manipulaban a mujeres pobres para que entregaran a sus hijos poco después de nacer.
El juez especial Alejandro Aguilar, a cargo de todos los casos abiertos en torno a esta investigación, ordenó la prisión preventiva de cinco acusados, entre ellos la exjueza Ivonne Gutiérrez, quien reside en Israel.
Por ello, Aguilar dispuso que la Corte Suprema eleve el pedido de extradición al «gobierno del Estado de Israel, país en que actualmente se encuentra» Gutiérrez, señala la resolución difundida por el Poder Judicial.
Chile suscribió el Convenio Europeo de Extradición, el cual incluye a Israel como Estado miembro y que acaba de entrar en vigor este 1 de junio.
La exjueza está acusada de los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de la localidad de San Fernando (140 km al sur de Santiago), que fueron entregados a matrimonios de Estados Unidos en 1983.
Según la investigación judicial, en San Fernando operaba una organización criminal integrada por una jueza, abogados, un sacerdote, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de la salud.
Esa mafia «tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro» para «sacarlos del país», dice el texto de Aguilar.
Los niños eran enviados a «a diferentes destinos de Europa y Estados Unidos» y las familias que los recibían pagaban unos 50.000 dólares de la época.
La mayoría de estos casos se produjeron en los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según una investigación judicial.
