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A partir del 1 de septiembre, todos los empleadores en China estarán obligados a aportar a la seguridad social de sus trabajadores, cubriendo pensiones, atención médica, licencias de maternidad y otros beneficios.
Aunque la medida busca fortalecer la protección laboral y responder al envejecimiento poblacional, la reacción entre la población ha sido ambivalente. Muchos empleados temen despidos o recortes salariales, mientras que dueños de pequeños negocios aseguran que sus costos se volverán insostenibles.
Reacciones en la calle
“Si nos obligan a pagar, tendremos que cerrar el negocio e irnos a casa”, expresó Yan Xuejiao, propietaria de una tienda de fideos de arroz en Pekín, quien señaló la baja afluencia de clientes como un obstáculo para asumir nuevas cargas económicas.
Otros trabajadores consideran que la prioridad es tener liquidez inmediata más que beneficios futuros. Sin embargo, algunos aplaudieron la política al verla como una garantía para su retiro y estabilidad a largo plazo.
Postura oficial
El mes pasado, el Tribunal Supremo Popular declaró inválidos los contratos que excluían aportaciones de seguridad social, garantizando respaldo a los empleados que presenten demandas. Chen Yifang, juez de la corte, afirmó que la medida es clave para proteger derechos laborales y enfrentar los retos demográficos del país.
Riesgos señalados por expertos
Economistas advirtieron que la normativa podría empujar a más personas hacia empleos temporales e informales, reduciendo la cobertura de seguridad social y debilitando el mercado laboral formal.
