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Unión Europea buscará prohibir terapias de conversión contra personas LGBTIQ+
La Comisión Europea anunció que impulsará una recomendación para que los países miembros prohíban las terapias de conversión dirigidas contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
La medida fue presentada después de que una iniciativa ciudadana europea superara el millón de firmas solicitando acciones concretas contra este tipo de prácticas en toda la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que estas prácticas “no tienen lugar” dentro de la Unión Europea.
Bruselas descarta crear una ley obligatoria
Aunque la Comisión Europea respaldó públicamente la prohibición, descartó por ahora impulsar una legislación obligatoria para todos los países del bloque.
El organismo explicó que durante los próximos meses trabajará con los gobiernos europeos para compartir experiencias y analizar los modelos ya aplicados en algunos países donde estas prácticas ya están prohibidas.
La recomendación oficial podría publicarse a principios de 2027.
Países europeos que ya prohíben estas prácticas
Actualmente, ocho países de la Unión Europea cuentan con restricciones o prohibiciones relacionadas con terapias de conversión:
- España
- Bélgica
- Alemania
- Grecia
- Francia
- Chipre
- Malta
- Portugal
La Comisión Europea señaló que estas prácticas son consideradas perjudiciales y están basadas en ideas sin respaldo médico o científico.
Qué incluyen las terapias de conversión
Las terapias de conversión son prácticas que buscan modificar o suprimir la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Según la Comisión Europea, pueden involucrar:
- Presión psicológica
- Aislamiento
- Medicación forzada
- Violencia verbal
- Descargas eléctricas
- Agresiones físicas o sexuales
El organismo reiteró que no existe evidencia científica que respalde estos procedimientos.
Cada país mantiene control sobre su legislación
La Comisión Europea recordó que los temas relacionados con salud y regulación sanitaria dependen principalmente de cada gobierno nacional, lo que limita la capacidad de Bruselas para imponer una ley única en toda la Unión Europea.
Por ello, la estrategia inicial será promover acuerdos y recomendaciones entre los países miembros para avanzar en la prohibición de estas prácticas.
