Tras una reunión de crisis con varios ministros, convocada después del impacto del caso Lyhanna, el primer ministro francés Sébastien Lecornu propuso, reforzar con medidas judiciales un proyecto de ley ya previsto y dedicado a la protección de la infancia. La muerte de Lyhanna, una niña de 11 años asesinada presuntamente por un pedófilo acusado en varias oportunidades de violaciones de menores, ha desatado una ola de indignación en el país y desatado una tormenta política.
El jefe de Gobierno quiere establecer un plazo máximo de tres meses para las investigaciones en materia de violencia contra menores, abrir una reflexión sobre la prescripción y también endurecer las penas haciendo que un violador en serie de niños se enfrente a la cadena perpetua, frente a los 20 años actuales.
A ojos del primer ministro, esta es la medida prioritaria. «La primera cuestión es, por supuesto, el endurecimiento de las penas», declaró Sébastien Lecornu, quien propone reforzar las penas para los violadores en serie de menores: estos podrían enfrentarse a la reclusión criminal a perpetuidad, en lugar de los 20 años de prisión actuales. El primer ministro también aboga por que los actos de investigación se lleven a cabo «en un plazo máximo de tres meses». Su mayoría lo aprueba. La centrista Perrine Goulet, diputada por Nièvre muy comprometida con la protección de la infancia, respalda esta propuesta de Sébastien Lecornu: «¿Cómo vamos a poder decirle a la gente ‘han sido condenados por uno, pero cometan 40 (sic), de todas formas tendrán la misma pena’? ¡En algún momento, hay que decir no más!».
La derecha no es, como era de esperar, hostil a las propuestas del jefe del Gobierno, al igual que la extrema derecha. La Agrupación Nacional y su líder, Marine Le Pen, votarán la medida. Pero no sin criticar de paso al gobierno, observa Raphaël Delvolvé, del servicio político de RFI. «¡Me alegra que el primer ministro retome una propuesta de Marine Le Pen! Estamos llegando al final del quinquenio de Emmanuel Macron. Constato que Francia es un campo de ruinas en el ámbito soberano», declaró Michaël Taverne, diputado del norte.
La izquierda reclama «medios antes de hablar una vez más de agravamiento de las penas».
Sobre el papel, hay una mayoría en el hemiciclo, aunque la izquierda, en su conjunto, desaprueba el endurecimiento de las penas y hará oír su voz. La cadena perpetua no es la prioridad, según la diputada insumisa Gabrielle Cathala, del Val-d’Oise: «Deberíamos poner medios para que, primero, las denuncias se tramiten correctamente, antes de volver a hablar de agravamiento de las penas».
«La sola cuestión penal no permitirá resolver el problema de la violencia sexual contra los niños», añade Marceau Beauvois, de la asociación Face à l’Inceste, quien recuerda que solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación.
Hoy, solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación y apenas el 1 % en los casos de incesto (…) Ese plazo de tres meses anunciado está muy bien sobre el papel, pero hoy no tenemos los medios para aplicarlo.
Más que sanciones, la izquierda reclama en primer lugar medios. Algo que, por ahora, no es la prioridad de un gobierno que desea avanzar rápidamente y que ha optado por someter al debate de los diputados la cadena perpetua para los violadores en serie a partir del 15 de julio. Cuatro medidas serán finalmente incorporadas, «en diez días» según el gobierno, al proyecto de ley sobre la protección de la infancia.
