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La reforma constitucional que establece requisitos de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó en el Senado después de ser aprobada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.
El dictamen, enviado previamente por la Cámara de Diputados, fue aprobado sin modificaciones y ahora deberá ser sometido a discusión y votación ante el Pleno del Senado.
La propuesta fue presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Cómo fue la votación en las comisiones del Senado?
En la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el senador Óscar Cantón Zetina, el proyecto fue aprobado en lo general y en lo particular con 12 votos a favor y seis en contra.
Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, avaló la propuesta con 11 votos a favor y tres en contra.
Las comisiones aprobaron la minuta sin realizar modificaciones al documento enviado por la Cámara de Diputados.
El proyecto había sido aprobado previamente en San Lázaro con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular.
¿Qué establece la reforma sobre doble nacionalidad?
La modificación plantea que quienes quieran ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán cumplir con requisitos específicos relacionados con su nacionalidad.
Si una persona posee una nacionalidad adicional a la mexicana, tendrá que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
Durante la discusión en el Senado, Manuel Huerta señaló que no sería suficiente manifestar la renuncia ante las autoridades mexicanas, sino que tendría que acreditarse que la persona dejó de poseer esa nacionalidad conforme a la legislación del otro país.
La disposición está dirigida específicamente a esos tres tipos de cargos ejecutivos y no establece la misma restricción para todos los cargos públicos.
También habrá restricciones durante el ejercicio del cargo
La reforma no solamente contempla requisitos para el momento de registrar una candidatura.
El proyecto establece que quien ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno estará impedido de solicitar o ejercer una nacionalidad diferente de la mexicana mientras permanezca en el cargo.
También contempla restricciones para invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar determinados documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de esa ciudadanía o acogerse a protección diplomática extranjera.
Morena defiende la reforma por razones de soberanía
Durante la discusión en comisiones, legisladores de Morena defendieron la propuesta argumentando que busca establecer reglas particulares para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales.
Manuel Huerta sostuvo que la modificación no pretende cuestionar la mexicanidad, el patriotismo o el compromiso con el país de las personas que cuentan con una segunda nacionalidad.
El senador Saúl Monreal Ávila argumentó, por su parte, que los derechos y las aportaciones de los mexicanos migrantes permanecen reconocidos y defendió la reforma como una medida relacionada con la soberanía nacional.
PAN y PRI cuestionan posibles restricciones a derechos políticos
La reforma también generó críticas entre legisladores de oposición.
El senador del PAN Marko Cortés sostuvo que la modificación representa una regresión en materia de derechos políticos y argumentó que puede afectar particularmente a integrantes de la comunidad mexicana migrante que adquirieron otra nacionalidad.
Cortés señaló además que durante la discusión previa en la Cámara de Diputados se había planteado la posibilidad de limitar el requisito únicamente a la Presidencia y exigir la renuncia antes de asumir el cargo, en lugar de hacerlo antes del registro de la candidatura. Esa alternativa no quedó incorporada en la minuta finalmente aprobada.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota también manifestó su oposición bajo el argumento de que la modificación restringiría derechos de mexicanos que poseen una segunda nacionalidad.
La reforma no elimina la doble nacionalidad en México
Uno de los alcances importantes del proyecto es que no propone eliminar la doble nacionalidad para la población mexicana en general.
La modificación establece condiciones específicas para quienes voluntariamente busquen alguno de tres cargos: la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por lo tanto, conservar una segunda nacionalidad continuaría siendo posible para los mexicanos que no se encuentren en esos supuestos.
El debate legislativo se concentra precisamente en si establecer esa condición para acceder a dichos cargos constituye una medida justificable para garantizar vínculos exclusivos con el Estado mexicano o una restricción innecesaria a los derechos políticos de mexicanos con otra nacionalidad, posiciones defendidas respectivamente por legisladores oficialistas y opositores durante el proceso.
¿Qué sigue para la reforma?
La aprobación en comisiones no significa que la reforma ya haya sido aprobada definitivamente por el Senado.
El dictamen deberá pasar al Pleno, donde los senadores discutirán y votarán la minuta.
Al tratarse de una modificación constitucional, necesita el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes en la votación del Senado.
Si el Pleno la aprueba sin modificaciones, la reforma deberá continuar el procedimiento establecido en el artículo 135 de la Constitución, que requiere además el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Por ahora, la reforma ya superó la Cámara de Diputados y las comisiones correspondientes del Senado. Su siguiente prueba será la votación en el Pleno de la Cámara Alta, donde se definirá si continúa hacia los congresos locales para completar el proceso de reforma constitucional.
