El conglomerado de las fuerzas armadas cubanas, Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía de Cuba y la minera canadiense Sherritt se convirtieron el jueves en las primeras empresas sancionadas bajo una reciente orden ejecutiva de Donald Trump.
El 1 de mayo, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba afirmando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, continúa representando «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En virtud de esa orden, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones a entidades económicas clave en Cuba, entre ellas una empresa mixta entre la minera canadiense Sherritt y el Estado cubano.
Esa empresa mixta «ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano» y «lucra con activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses», declaró Rubio, un cubanoestadounidense crítico con el gobierno de La Habana.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó en su cuenta en X la «crueldad» de las nuevas sanciones estadounidenses. «Las medidas de cerco económico adicionales hoy anunciadas agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país», escribió en la red social.
Sherritt extraía níquel y cobalto en la mina de Moa, situada en la provincia de Holguín (noreste). Participa desde la década de 1990 en la empresa mixta Moa Nickel S.A. junto con el Estado cubano.
En un comunicado, Sherritt anunció la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla y la repatriación de sus empleados.
Esas sanciones «alteran de forma sustancial la capacidad» de Sherritt para continuar sus negocios en Cuba y «podrían tener como resultado que proveedores financieros u otros proveedores no puedan o no estén dispuestos a seguir apoyando las operaciones u otras actividades comerciales» de la empresa, señaló la minera.
A mediados de febrero, Sherritt ya había anunciado la suspensión de sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, bajo embargo de Washington desde 1962 y sumida en una profunda crisis económica.
Las nuevas sanciones estadounidenses apuntan también a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, así como a individuos y entidades involucrados en los sectores energético y minero.
