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El Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido declaró inconstitucionales disposiciones legales que penalizaban las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo en Trinidad y Tobago.
La decisión fue emitida el 10 de noviembre de 2026, después de una batalla judicial encabezada por el activista Jason Jones, originario del país caribeño.
La legislación cuestionada tenía antecedentes en normas establecidas durante el periodo colonial británico y contemplaba sanciones penales por determinados actos sexuales.
El fallo representa un cambio en la interpretación constitucional de estas disposiciones, aunque sus efectos se limitan a Trinidad y Tobago.
¿Qué decidió el tribunal británico sobre Trinidad y Tobago?
El Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, resolvió por unanimidad a favor de Jason Jones.
Los jueces determinaron que las disposiciones impugnadas de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 vulneraban derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de Trinidad y Tobago.
En particular, el tribunal examinó las secciones 13 y 16 de esa legislación, que penalizaban determinados actos sexuales privados y consensuados.
¿Por qué se consideró inconstitucional la ley?
El tribunal concluyó que criminalizar las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo interfería de manera injustificada con el derecho a la vida privada y familiar.
También rechazó el argumento de que las disposiciones debían mantenerse protegidas únicamente por sus antecedentes históricos.
Según la resolución, la legislación de 1986 constituía un nuevo marco legal y podía ser examinada conforme a los derechos establecidos en la Constitución.
De esta manera, los jueces determinaron que las restricciones no podían justificarse constitucionalmente.
¿Qué castigaba la legislación de Trinidad y Tobago?
La ley contra relaciones homosexuales incluía disposiciones que penalizaban determinados actos sexuales entre personas del mismo sexo.
Entre ellas se encontraban los delitos denominados buggery y serious indecency, contemplados en la Ley de Delitos Sexuales de 1986.
La legislación establecía sanciones que, para determinados actos consensuados entre adultos, podían alcanzar los cinco años de prisión.
Una legislación con antecedentes coloniales
Las restricciones tenían sus antecedentes en disposiciones introducidas durante el dominio británico.
Aunque Trinidad y Tobago obtuvo su independencia en 1962, algunas normas de origen colonial continuaron influyendo en su legislación.
Posteriormente, la Ley de Delitos Sexuales de 1986 incorporó disposiciones que fueron cuestionadas por su compatibilidad con los derechos constitucionales.
El fallo de 2026 determinó que estas restricciones no podían mantenerse frente a las garantías de privacidad y libertad individual.
¿Quién es Jason Jones y cómo comenzó su batalla legal?
Jason Jones es un activista por los derechos de las personas LGBT originario de Trinidad y Tobago.
En febrero de 2017 inició una acción judicial para cuestionar las disposiciones que penalizaban las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo.
Jones argumentó que estas normas vulneraban sus derechos fundamentales y contribuían a un entorno de discriminación.
La batalla judicial comenzó antes de 2018
En abril de 2018, el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago resolvió inicialmente a favor del activista.
Sin embargo, la decisión fue revertida parcialmente por el Tribunal de Apelaciones en marzo de 2025.
Ante este resultado, Jones llevó el caso al Comité Judicial del Consejo Privado, la máxima instancia de apelación para Trinidad y Tobago.
Finalmente, el 10 de noviembre de 2026, los jueces resolvieron por unanimidad a su favor.
¿Por qué un tribunal británico puede decidir sobre leyes de Trinidad y Tobago?
Aunque Trinidad y Tobago es un país independiente, mantiene al Comité Judicial del Consejo Privado como su máxima instancia judicial de apelación.
Este organismo tiene su sede en Londres y conserva funciones jurisdiccionales para determinados países y territorios vinculados históricamente con el Reino Unido.
Por esta razón, el tribunal tiene competencia para resolver apelaciones relacionadas con la legislación y la Constitución de Trinidad y Tobago.
¿El fallo también se aplica en Reino Unido?
No. La resolución corresponde específicamente al sistema jurídico de Trinidad y Tobago.
Tampoco significa que las leyes de otros países del Caribe hayan quedado automáticamente invalidadas.
Cada nación cuenta con su propio marco constitucional y procedimientos judiciales.
¿Qué impacto podría tener la decisión en otros países del Caribe?
El fallo podría convertirse en una referencia jurídica para futuras impugnaciones contra disposiciones similares en la región.
En países como Barbados, Dominica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, tribunales también han emitido decisiones contra leyes que penalizaban las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo.
Sin embargo, otros países caribeños todavía mantienen restricciones legales de este tipo.
Entre ellos se encuentran Jamaica, Granada y San Vicente y las Granadinas.
¿Cambiarán las leyes en otros países?
La decisión del tribunal no obliga automáticamente a otros gobiernos a modificar sus legislaciones.
Para que se produzcan cambios, cada país deberá seguir los procedimientos judiciales o legislativos correspondientes.
No obstante, el razonamiento constitucional utilizado en el caso de Trinidad y Tobago podría ser considerado en futuros procesos.
Trinidad y Tobago registra un cambio en su legislación sobre relaciones homosexuales
La resolución del 10 de noviembre de 2026 pone fin a una etapa importante de la batalla judicial encabezada por Jason Jones.
El Comité Judicial del Consejo Privado determinó que las disposiciones impugnadas no podían justificarse frente a los derechos constitucionales de privacidad y vida familiar.
Aunque el fallo se limita a Trinidad y Tobago, se suma a otras decisiones judiciales que han revisado leyes de origen colonial en el Caribe.
La resolución establece que las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo no pueden ser criminalizadas mediante las disposiciones impugnadas, aunque no modifica automáticamente otras normas relacionadas con el reconocimiento de derechos.
